La ley de integridad pública elimina la escritura pública
La ley integridad pública plantea un cambio relevante en las sociedades mercantiles, permitiendo (entre otras cosas) la transmisión de participaciones sin intervención notarial, lo que ha generado preocupación en el sector notarial.
En particular, el Decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Don Luis Enrique Mayorga Alcázar, ha manifestado su inquietud ante una medida que, a su juicio, supone un cambio profundo en el sistema actual.
- Se permitiría transmitir participaciones con documento privado electrónico.
- Se reduce la intervención del notario en operaciones mercantiles.
- Riesgo de menor control jurídico y posibles fraudes.
Qué cambia con la nueva normativa
El anteproyecto introduce la posibilidad de formalizar la transmisión de participaciones sociales mediante documento privado electrónico firmado digitalmente.
Este cambio sustituiría la escritura pública, que hasta ahora era un requisito esencial en este tipo de operaciones.
El papel del notario en riesgo
La eliminación de la intervención notarial supone reducir un control clave en el proceso de contratación mercantil.
- Verificación de identidad de las partes
- Control de capacidad jurídica
- Garantía de consentimiento válido
- Supervisión del cumplimiento legal
Riesgos del documento privado electrónico
El nuevo modelo presenta limitaciones importantes frente al sistema actual basado en escritura pública.
- Menor control sobre la identidad de los firmantes
- Mayor riesgo de errores o fraudes
- Ausencia de asesoramiento jurídico en el momento de la firma
- Dificultades para garantizar la legalidad del contenido
Impacto en la prevención del fraude
La reforma podría afectar a los mecanismos de control contra el blanqueo de capitales, al reducir la información aportada por el sistema notarial.
Esto podría debilitar herramientas clave utilizadas por las autoridades para detectar operaciones sospechosas.
Una reforma con debate abierto
Aunque el objetivo es agilizar las operaciones, la medida plantea dudas sobre el equilibrio entre rapidez y seguridad jurídica.
Mantener garantías en operaciones societarias será clave para evitar riesgos legales y económicos.
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